La descentralización fue pensada para profundizar la democracia pero no ha servido a los propósitos de la urbanización. La descentralización no se ha traducido en transferencia de responsabilidades tributarias que correspondan con las responsabilidades administrativas. Los ingresos de los gobiernos municipales dependen fundamentalmente de los impuestos nacionales y sólo las ciudades principales e intermedias pueden generar sus propios ingresos. En consecuencia los gobiernos locales no tienen incentivos para controlar a la informalidad.

Hay dislocamiento entre la planeación territorial y la sectorial. La localización de las inversiones públicas siguen un equilibrio de economía política mientras que los planes territoriales son ejercicios de papel. Las leyes de descentralización no establecen el territorio como criterio de decisión para la asignación de recursos. Así, los gobiernos municipales no acumulan conocimiento y habilidades para entender mejor el espacio.

Las capacidades locales son insuficientes para administrar la urbanización. Solamente las áreas metropolitanas tienen bases de datos potentes, pero es reducido el capital humano formado para hacer análisis espacial. Es vital tener capacidades en los gobiernos locales para vincular datos cartográficos con datos socioeconómicos y poder desarrollar análisis de estadística espacial y de evaluación de instrumentos de política.

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Diana Motta y Tito Yepes